El 2 de julio de 2026, Juanma Moreno, representante del Partido Popular (PP), fue investido presidente de la Junta de Andalucía tras una segunda votación en el Parlamento autonómico, obteniendo la mayoría simple necesaria para el cargo. Este hito se produjo después de que el PP consiguiera 53 escaños en las elecciones, quedándose a dos de la mayoría absoluta requerida (55 escaños). La investidura fue posible gracias al apoyo de los 15 escaños aportados por VOX, configurando un bloque de investidura que sumó un total de 68 parlamentarios.
Esta configuración de gobierno marcó la primera ocasión en que VOX entra a formar parte del Ejecutivo andaluz. Como resultado del acuerdo, Manuel Gavira, de VOX, asumió una vicepresidencia de la Junta, además de la titularidad de la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Con este pacto, Andalucía se convirtió en la cuarta comunidad autónoma española en establecer un gobierno de coalición entre el PP y VOX, siguiendo los precedentes establecidos en Extremadura, Castilla y León y Aragón. El acuerdo programático que sustenta esta coalición, un documento de 60 páginas que comprende 150 medidas, estableció la prioridad nacional como uno de los ejes centrales y prioritarios de la negociación y la acción de gobierno.
La «prioridad nacional» y el acceso a prestaciones estructurales
Dentro del marco de este pacto, una de las medidas más específicas y relevantes se refiere al acceso a las prestaciones de carácter estructural. El acuerdo establece que se excluirá del acceso a estas prestaciones a las personas que se encuentren en situación administrativa irregular en el territorio. Esta disposición se enmarca de forma explícita dentro del principio de prioridad nacional y arraigo que vertebra el conjunto del pacto de gobierno.
El alcance de esta medida implica que aquellas ayudas o servicios que tienen una vocación de permanencia en el tiempo y que están diseñados para garantizar aspectos fundamentales del bienestar social –como ciertas ayudas a la vivienda, prestaciones de garantía de ingresos o programas de apoyo social de largo recorrido– no serán accesibles para individuos que no cuenten con una situación administrativa regularizada en España. La justificación de esta exclusión, según lo articulado en el acuerdo, se vincula directamente con la necesidad de establecer un criterio de arraigo o vinculación legal con el país como condición previa para el acceso a recursos públicos de naturaleza estructural.
Relación con el criterio de arraigo
El concepto de arraigo, en este contexto, se refiere a la exigencia de una vinculación legalmente reconocida y estable con el territorio para poder ser beneficiario de determinadas políticas públicas. Al vincular el acceso a prestaciones estructurales a la situación administrativa regular, el acuerdo establece que la persona debe haber cumplido con los requisitos legales de residencia y permanencia en España. Esto implica que la regularidad administrativa se configura como un factor determinante para la elegibilidad en el ámbito de estas ayudas y servicios, diferenciando el acceso en función del estatus legal de los individuos.
La implementación de esta medida, en el marco de la prioridad nacional, implica una redefinición de los criterios de acceso a ciertos sistemas de protección social, enfocándolos hacia la población que cumple con los requisitos de residencia legal. El texto del acuerdo no detalla los mecanismos específicos de verificación o las prestaciones concretas afectadas más allá de su carácter «estructural», pero la directriz general es clara en cuanto a la restricción del acceso para quienes carecen de una situación administrativa regularizada.
